PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS
RESIDENCIALES DEL ESTADO DE FLORIDA

ATENCIÓN:  A todas las personas que presentan discapacidad para el desarrollo, a padres, miembros del núcleo familiar, tutores, defensores, organizaciones de ayuda al discapacitado y otras partes afectadas o interesadas: el discapacitado para el desarrollo (DD) tiene derecho a recibir dispositivos y servicios de asistencia tecnológica (AT) adecuados. Esto comprende el derecho a someterse a una evaluación con un examinador calificado con el objeto de recibir AT.

            En la Declaración Federal de Derechos del Discapacitado para el Desarrollo, el Congreso de los EE.UU. establece el derecho a recibir tratamiento y servicios adecuados y la integración al entorno más integrado posible. 42 U.S.C. § 6009(1) y (2).

            El objetivo del Programa de Asistencia Tecnológica (PAT) del Advocacy Center for Persons with Disabilities, Inc. (Centro de Defensa para Individuos Discapacitados) es proteger los derechos legales que tiene el discapacitado para el desarrollo (DD) a dispositivos y servicios necesarios y adecuados de AT. El Centro de Defensa trabaja en el litigio Prado-Steiman contra Chiles, en nombre de los discapacitados para el desarrollo que reciben servicios inadecuados o a los cuales se les ha negado la prestación de servicios del Programa Home and Community-Based Waiver (HCBW) - [Programa de renuncia a los requisitos estatutarios en solicitud de servicios integrados al hogar y la comunidad]. Este litigio incluye a los mecanismos y servicios de AT. Este proceso legal pretende reforzar el derecho que tiene el discapacitado al debido proceso, así como a asistencia y servicios comunitarios adecuados.

            Actualmente, existen más de 20.000 personas con DD que califican para recibir servicios bajo el Programa HCBW. El Programa de Asistencia Tecnológica (TAP según sus siglas en inglés) sostiene que el estado, a través del Programa de Servicios para el Desarrollo del Departamento del Niño y de la Familia (DCF/DS), en la práctica, niega ilícitamente y generalmente da por terminados los servicios, entre ellos, los mecanismos y servicios de AT. Desafortunadamente, para muchos discapacitados para el desarrollo, para sus familias y representantes, la negación de servicios críticos de HCBW conlleva obligatoriamente a colocar a los discapacitados para el desarrollo en instituciones.

            El Tribunal del Décimo Primer Circuito ha emitido dos decisiones recientes; ambas en enérgico respaldo a la inclusión comunitaria del discapacitado, con la incorporación de dispositivos y servicios de AT como componente esencial.

            Sin el ofrecimiento de dispositivos, medios auxiliares y servicios de AT a la comunidad, numerosas personas con discapacidad para el desarrollo permanecerían obligadas a vivir en entornos o instituciones restrictivos para recibir servicios. Estos servicios se deberían prestar en el hogar y en los entornos más integrados a la comunidad.

            Para su referencia e información, los dispositivos, medios auxiliares y servicios de AT se definen en la Ley de Asistencia Tecnológica de 1998, firmada el 13 de noviembre de 1998, P.L. 105-394, como se refiere seguidamente:

            Dispositivo de asistencia tecnológica: Cualquier elemento, pieza de equipo, o sistema de producto, bien sea adquirido comercialmente directo del fabricante, modificado, o hecho a la medida, que se utiliza para incrementar, mantener, o mejorar las capacidades funcionales de los discapacitados para el desarrollo.

            Servicio de asistencia tecnológica: Cualquier servicio que asiste en forma directa a un discapacitado en la selección, adquisición o uso de un servicio de asistencia tecnológica, entre lo cual se incluye a los servicios de entrenamiento y de apoyo.

            Debido a que el Programa de Servicios para el Desarrollo del Departamento del Niño y de la Familia (DCF/DS) de Florida no tuvo éxito en la prestación de servicios apropiados, entre los que cabe incluir a los dispositivos, medios auxiliares y servicios de AT, los discapacitados para el desarrollo se encuentran sujetos al dolor y al daño emocional en forma desmedida. Además, los discapacitados para el desarrollo experimentan atrofia y regresión, con lo cual pierden habilidades que pueden haber adquirido previamente en la escuela y a través de otros servicios terapéuticos, tales como las terapias del lenguaje, ocupacionales y físicas. En algunos casos, sin los dispositivos y servicios de AT adecuados, los discapacitados para el desarrollo corren el riesgo de muerte. Durante demasiado tiempo, la práctica que ha efectuado Programa de Servicios para el Desarrollo del Departamento del Niño y de la Familia (DCF/DS) en lo que respecta la aplicación de niveles arbitrarios en los servicios que cubre el Programa HCBW ha dado como resultado la discriminación por discapacidad. El Estado de la Florida permanece en violación de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) 29 U.S.C. 794(a); 45 CFR 84.4(b)(4)(i), así como de la Ley de Estadounidenses Discapacitados (Americans with Disabilities Act -ADA). Si el estado hubiese brindado dispositivos y servicios de AT adecuados, se hubiese evitado, en muchos casos, la colocación de individuos discapacitados en instituciones.

            El 6 de julio de 1998, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) no dejó lugar a dudas en cuanto a que los preceptos de integración de la Ley de Estadounidenses Discapacitados se aplican a los servicios comunitarios para individuos discapacitados. El Departamento de Justicia señaló que “el requisito de integración es aplicable a todas las actividades del Estado, entre lo cual se incluye la prestación de servicios comunitarios a los discapacitados”.

            Se requiere que el estado cumpla con todas las disposiciones relevantes de la Ley Medicaid y de sus regulaciones con respecto al Programa HCBW. Para su información, el gobierno federal reembolsa al Programa Medicaid del estado de la Florida aproximadamente un 55% del costo de los servicios médicos que presta al público. Cada estado que participa en el programa Medicaid debe cubrir ciertos servicios obligatorios, tales como los dispositivos y servicios de AT. 42 U.S.C. § 1396a(a)(10)(A).

            El Congreso de los EE.UU. creó el Programa HCBW con el propósito de permitir a las personas discapacitadas vivir en entornos lo más integrados posibles a sus comunidades. La creación de este importante programa de renuncia tiene el objetivo de evitar la permanencia innecesaria de personas discapacitadas en entornos o instituciones restrictivos. La Sección 1915(c) de la Ley Medicaid permite a los estados ofrecer, bajo la renuncia a los requisitos estatutarios, el conjunto de servicios basados en el hogar y en la comunidad que la persona discapacitada necesita para evitar su reclusión en una institución.

            Además del Programa HCBW, existen otras disposiciones que permiten a los estados incluir el costo de los servicios basados en el hogar y la comunidad como “asistencia médica”.  Esto incluye a los dispositivos, medios auxiliares y servicios de AT cuya negación conllevaría a la utilización de los servicios de Instituciones de Atención Especial o de Instituciones de Cuidado Intermedio para Discapacitados (ICF/DD).

            El Congreso pretende el no otorgamiento de una renuncia a menos que el Estado garantice que “se han tomado las garantías necesarias (entre las cuales se incluye a las normas adecuadas para la participación de quien presta el servicio) para proteger la salud y el bienestar de las personas a quienes se les prestan los servicios en virtud de la renuncia”.

            En el caso Does 1-13 contra Chiles, 136 F.3d 709 (Corte del 11^er Circuito, 1994), el Tribunal sostuvo que los servicios de ICF/DD, los cuales incluyen la prestación de servicios de AT, se deben prestar oportunamente, en 90 días. Del mismo modo, el Tribunal reconoció que las personas que califican para recibir servicios de ICF/DD que escogieron servicios HCBW en la comunidad tienen derecho a ser atendidos con la misma prontitud; por consiguiente, compete al Estado velar por sus ciudadanos más vulnerables. El Congreso afirma que los objetivos de la Nación incluyen adecuadamente el objetivo de ofrecer oportunidades y respaldo para “lograr la integración e inclusión total en la sociedad, de forma individualizada y consistente con los esfuerzos, recursos, prioridades, preocupaciones, habilidades y capacidades únicas de cada individuo”.  42 U.S.C. § 6000(a)(10). 

            Se debe desarrollar una política que cumpla con las directrices federales estatutarias y regulatorias para prestar servicios y apoyos inmediatos con una prontitud razonable a las personas que requieren el uso de dispositivos y medios auxiliares de AT. Si Ud. o alguien que Ud. conoce es discapacitado y tiene dificultades para obtener dispositivos y servicios o evaluaciones de AT adecuadas, puede comunicarse con la Alianza para Servicios y Asistencia Tecnológica del Estado de la Florida (FAAST) a través del número 1-800-322-7881 o con el Centro de Defensa.

Advocacy Center for Persons with Disabilities, Inc.
2671 Executive Center, Circle West, Suite 100
Tallahassee, FL  32301-5092

(800) 342-0823 (voz), (800) 350-4566 (Español o Creole)
o 800-346-4127 (sistema de telecomunicación para personas con deficiencias auditivas)

Notificación:  La presente hoja informativa no sustituye a la asesoría legal.